domingo, 6 de marzo de 2016

Los informes internos del Vaticano contabilizan 600 denuncias al año por pederastia

Es la mayor lacra en la Iglesia católica de las últimas décadas. Desde que estallara el caso de abusos sexuales en la diócesis de Boston en 2001 - retratado con maestría por la oscarizada "Spotlight"-, las denuncias contra sacerdotes y religiosos se han extendido como la pólvora. Según los datos de la propia Santa Sede a los que ha tenido acceso eldiario.es, en la última década han llegado más de 6.000, a una media de cerca de 600 casos por año.
Entre 2004 -año en que se recibieron casi 800 denuncias- a la actualidad, la maquinaria canónica ha procesado miles de causas, y casi un millar de curas -848- han sido expulsados del sacerdocio, "reducidos al estado laical", según datos de la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores, creada por el Papa Francisco y que intenta coordinar la respuesta de la Iglesia frente a este cáncer. Algo más de la mitad de las denuncias acaba llegando a juicio por la vía canónica y alrededor de tres de cada cuatro concluyen con la condena del acusado. Al margen del proceso religioso bajo las leyes canónicas del Estado vaticano, hay casos por la vía civil en cada país.
De las casi 6.000 denuncias presentadas ante la Santa Sede, entre 2004 y 2013, la Congregación para la Doctrina de la Fe estudió "3.420 casos creíbles de abusos a menores de 18 años". Es decir, la mitad de las presentadas. El año 2004 tiene muchas más demandas que el resto porque recogía conductas delictivas cometidas desde 1950. De estos más de 3.000 casos, se expulsó a 848 sacerdotes. En el resto de casos, los sacerdotes fueron simplemente sancionados con distintas penas, que el informe vaticano no especifica, pero que podrían ir desde una sanción temporal a un traslado, o a evitar su trato con menores.
En el aspecto puramente jurídico, la responsabilidad recae en la Congregación para la Doctrina de la Fe. En las oficinas de la antigua Inquisición los informes se amontonan. Una causa contra un sacerdote por pederastia, o contra religiosos u obispos por encubrimiento, tarda años en sustanciarse, pues el sistema vaticano es sumamente garantista. De hecho, el Papa Francisco tuvo que nombrar hace unos meses un tercer secretario adjunto de la Congregación para que se ocupara única y exclusivamente de estos casos.
"No dan abasto", reconocía Bergoglio en el vuelo de vuelta de México, donde dejó claro que no hay lugar en la Iglesia para los abusadores y sus cómplices.

"Un obispo que cambia a un sacerdote de parroquia cuando se detecta una pederastia es un inconsciente y lo mejor que puede hacer es presentar la renuncia. ¿Clarito?", apuntó entonces el Papa, tal vez pensando en su ministro de Finanzas, George Pell, que acaba de declarar respecto a su papel en la gestión de casos de abusos sexuales hace décadas en Australia.
Bergoglio, quien ya dijo en su día sobre el caso de abusos en Granada que "la verdad es la verdad, y tiene que salir a la luz", añadía en la última entrevista: "Doy gracias a Dios de que se haya destapado esta olla y hay que seguir destapándola. Y tomar conciencia. Y lo último que quiero decir es que es una monstruosidad, porque un sacerdote es consagrado para llevar a un niño a Dios y ahí se lo come en un sacrificio diabólico. Lo destruye".

"Tenemos trabajo para 30 ó 50 años"

Mientras tanto, las denuncias continúan llegando a Roma, y los papeles amontonándose. En España hay alrededor de una decena de casos en la actualidad, de los que los más conocidos son los relativos a Granada, el colegio Gaztelueta del Opus Dei o los maristas de Barcelona.
Un eclesiástico español, bien informado de los casos que conciernen a nuestro país admite en privado que "desgraciadamente, y pese a la buena voluntad del Papa y del G9 (grupo de cardenales que asesoran al Papa en la reforma de la Curia), habrá muchos casos de abusos que se resuelvan cuando víctima y agresor hayan fallecido, o que se cierren en falso".

jueves, 3 de marzo de 2016

La política del espectáculo, Pablo Iglesias, Bescansa, Podemos..., gestos para la galería crédula.

Fotos con texto aclaratorio, por si fuera necesario, para que los medios "progres" en costumbres y conservadores en Economía no nos tachen de homófobos. 


Cuando las cosas más naturales de la vida se convierten en espectáculo para que un gesto intrascendente se transforme en categoría política, es que quieren disfrazar con mensajes superficiales la carencia en convicción y práctica política. El morreo con Domènech viene, además, cuando éste en su discurso, practicamente se echa en brazos de los independentistas, a falta de ser incapaz de defender, él y algunos más, lo que con la boca pequeña dicen que es su proyecto: Estado federal y republicano, lo cual exige reforma constitucional a fondo y desarrollar las propuestas para esa reforma, en primer lugar en el plano económico y derechos sociales, para que estos apartados de la actual Constitución no sean puros y vagos deseos sin concreción imperativa, sino obligaciones constitucionales del Estado, como eran en la Constitución de la IIª República, a realizar gradualmente pero sin liquidar derechos como se está haciendo ahora . 


Y en segundo lugar, la culminación del Estado de las Autonomías en un Estado Federal, con competencias unitarias y federales claras y rigurosas para todos, no como ahora que si estás en una Comunidad Autónoma no puedes tener acceso automáticamente a farmacia en cualquiera otra de las 17 Comunidades. Y así en muchas otras cosas, gracias a la fragmentación de cosas básicas para el conjunto de la ciudadanía, viva donde viva de España, lo cual es profundamente insolidario y agrava aún más las divisiones ya existentes entre la clase trabajadora, por división y diversidad profesional, por incumplimiento de normas, leyes y convenios, por lugar de origen, por nivel de desarrollo económico y social más alto o bajo, etc...Y mientras los amos del capital y sus auxiliares hacen lo imposible para dividir aún más a los trabajadores y trabajadoras., desde la "izquierda" colaboramos en ello.



Francisco Frutos Grass

En nuestra provincia el paro registrado aumenta en más de 200 personas durante febrero

Tras el fin de todas las campañas agrícolas el paro en la provincia de Ciudad Real ha vuelto a las subidas y cierra febrero con 287 nuevos desempleados. Una subida del 0,46% para llegar a los 62.085 desempleados inscritos en las oficinas del antiguo Inem. El dato supone que febrero de 2016 termina con 3.796 personas menos de las que había en febrero de 2015, un 5,76% menos.
El dato tiene correlación con los inscritos en la Seguridad Social donde Ciudad Real ha perdido 229 altas, el 0,15%, y las cifras se quedan en las 150.436 personas dadas de alta.

En el paro por sectores se muestra que la agricultura sigue siendo el elemento diferenciador en el desempleo de la provincia de Ciudad Real. Febrero termina con 661 nuevos desempleados, mientras que el resto de sectores han descendido tanto la industria (-84 parados); la Construcción (-248) y los Servicios (-173). Solo el colectivo sin empleo anterior se ha incrementado junto al agrícola con 131 parados más.
En febrero se firmaron un total de 11.918 contratos, 712 menos que en enero. De estos 783 fueron indefinidos, un 6%, un porcentaje dos puntos por encima de los que se venían dando. 
El último dato que dejan las cifras del paro registrado es el de parados con ingresos, 26.448 personas.El dato sigue siendo malo y supone que solo el 42% de las personas inscritas en el antiguo Inem cuentan con algún tipo de ayuda.

1.000 autónomos menos

A pesar del incremento de autónomos que ha experimentado la región en febrero, el presidente de OPA Castilla-La Mancha, Manuel Martínez Navarro, lamenta que durante los dos primeros meses del año, Castilla-La Mancha haya perdido 905 autónomos comparando los datos con las afiliaciones registradas en diciembre de 2015, cifra que representa una pérdida del 50% del total de autónomos ganados durante todo el año anterior, y que ascendieron hasta los 1.809 profesionales. La organización considera ‘positivo’ en su conjunto aunque ‘escaso’ el incremento de afiliaciones de autónomos que se ha producido en febrero 15 trabajadores más en la región por cuenta propia, según los datos de las afiliaciones medias de autónomos dadas a conocer hoy por la Seguridad Social.

Tres de las cinco provincias castellano-manchegas han ganado autónomos en el mes de febrero. En este sentido, la provincia de Toledo ha encabezado el incremento de afiliados al RETA con una subida de 26 trabajadores por cuenta propia. Por su parte, la provincia deCuenca ha ganado 12 autónomos en febrero de 2016, mientras que la provincia deCiudad Real cuenta con 5 autónomos más. El lado opuesto se encuentran Albacete yGuadalajara, provincias que en febrero de 2016 han perdido 26 y 2 autónomos respectivamente en relación con el mes de enero.
Por otra parte, OPA Castilla-La Mancha lamenta y califica de “mala noticia” el hecho de que el paro registrado en la región haya subido en el mes de febrero en 1.660 personas  con lo que la cifra de parados inscritos en las de los servicios públicos de empleo se sitúa en 226.843 personas desempleadas.

miércoles, 2 de marzo de 2016

El PP valenciano se lucró con hospitales y centros de salud

Los investigadores creen que la red usó el mismo "sistema" que al construir colegios


Los investigadores creen que la trama vinculada al PP valenciano también se lucró con la construcción de infraestructuras sanitarias y los grandes contratos de hospitales. Los indicios apuntan a que la red aplicó en Sanidad, el departamento de mayor presupuesto del Gobierno valenciano, el mismo presunto “sistema” de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones y desvío de parte de las mismas al partido detectado en otras Administraciones. El hombre clave en esta fase de la investigación es Máximo Caturla, que después dirigió la construcción de colegios

La trama que supuestamente amañó contratos de la Generalitat, la Diputación de Valencia y Ayuntamientos por importes que suman cientos de millones de euros, también alcanzó al área sanitaria, según la tesis de los investigadores. Los indicios apuntan al periodo de 2000 a 2003, cuando se sentaron las bases del nuevo mapa de infraestructuras sanitarias en la comunidad y se adjudicó la mayor de todas, el nuevo hospital La Fe de Valencia, el centro de referencia autonómico que acabó costando más de 330 millones de euros.
El nombre clave en esta parte de la investigación es el de Máximo Caturla, considerado principal “recaudador” de la trama y el que de forma más “sistemática” habría derivado parte de estos ingresos a la caja b del partido. Caturla —que hasta 2015 fue vicepresidente de la Diputación de Valencia— fue detenido en enero y se acogió a su derecho a no declarar. La fiscalía pidió para él prisión provisional, pero el juez lo rechazó y le impuso una fianza de dos millones de euros.
Antes de convertirse, el 29 de agosto de 2003, en consejero delegado de Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa), desde donde según los indicios reunidos por la Guardia Civil y la fiscalía cobró comisiones por la construcción o reforma de 600 colegios e institutos y acumulósobrecostes de 1.000 millones de euros, Caturla ocupó un cargo crucial en el departamento de salud.
Fue subsecretario para los Recursos de Sanidad. Un “órgano adjudicador” desde el que firmó la construcción de centros de salud, así como numerosos contratos hospitalarios. La compra y alquiler de equipos de hemodiálisis y radiológicos; el mantenimiento de sistemas eléctricos, ascensores y elevadores; la creación de la aplicación informática que centralizó los historiales médicos; el lavado de ropa hospitalaria, el suministro de aparatos quirúrgicos, y otros.

Financiación irregular


Caturla formaba parte del equipo económico de Sanidad cuando en febrero de 2003 se adjudicó el nuevo hospital La Fe a una Unión Temporal de Empresas. Entre ellas figuraba Lubasa, cuyo responsable se sentará en el banquillo de los acusados en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP, en el marco del caso Gürtel, que se celebrará en la Audiencia Nacional.
Fuentes cercanas al caso apuntan que la investigación en este periodo es complicada por el tiempo transcurrido y la posibilidad de que parte de los hechos hayan prescrito. Pero la etapa está siendo investigada.
La Consejería de Sanidad valenciana está rodeada de sospechas. Los cinco consejeros que la dirigieron entre 2000 y 2012 están hoy imputados, procesados o en la cárcel. Caturla fue subsecretario a las órdenes de Serafín Castellano,detenido en mayo de 2015 en la operación contra la llamada trama del Fuego. Castellano fue relevado por Vicente Rambla, que será juzgado por la presunta financiación ilegal del PP. A continuación, fue nombrado consejero de Sanidad Rafael Blasco, ahora en prisión por malversar fondos de la cooperación. Y los dos siguientes titulares de la cartera, Manuel Cervera y Luis Rosado, serán juzgados también en la Audiencia Nacional por amañar supuestamente contratos a favor de la red Gürtel.

martes, 1 de marzo de 2016

Podemos acuerda con Page suprimir la financiación de los servicios religiosos en los hospitales

Ambas formaciones políticas han registrado conjuntamente en las Cortes de Castilla-La Mancha una propuesta que, además de ser previsiblemente aprobada con sus votos, instará al Gobierno de España a suspender la obligación de financiar con dinero público los servicios religiosos de cualquier confesión.
Castilla-La Mancha pretende dar un nuevo paso hacia el laicismo. Después de anunciar la congelación de la financiación pública a los colegios concertados, en su mayoría gestionados por la Iglesia Católica, los socialistas y la formación morada han decidido presentar conjuntamente una Proposición No de Ley para dejar de subvencionar los servicios religiosos en los hospitales públicos.
Esta iniciativa, que fue introducida por Podemos en el acuerdo para la investidura de García-Page, tasa en 425.470 euros el gasto destinado únicamente a la asistencia católica, "inversión que resta capacidad de atención sanitaria al resto de los ciudadanos, discriminando con ello no solo a las demás confesiones sino a los ciudadanos que no declaran profesar religión alguna". Estos son los motivos por los que ambas formaciones políticas justifican la petición de suprimir dicha financiación, pues aseguran que provoca una "situación evidentemente injusta"por sufragar solamente los servicios religiosos de esta confesión.
En la proposición, los portavoces del PSOE y Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández y David Llorente, recuerdan que el convenio con la Iglesia Católica fue suscrito hace treinta años por España mediante un acuerdo internacional por el que el Estado asumía el pago de la asistencia religiosa católica en los Centros Hospitalarios Públicos. Obligación que fue asumida por las Comunidades Autónomas tras la transferencia de las competencias en materia sanitaria.
"España reconoce el arraigo creciente de otras confesiones" pero "mantiene una situación de evidente discriminación que choca frontalmente con el artículo 14 de la Constitución  y con el espíritu de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa", añaden.
Por ello, este documento, que será previsiblemente aprobado con los votos de PSOE y Podemos, instará al Gobierno de España a "garantizar la libertad de cualquier persona a recibir atención religiosa que precise" y a "suspendercualquier disposición derivada de acuerdos internacionales que trasladen laobligación de las comunidades autónomas de financiar con dinero público los servicios religiosos de cualquier confesión, en particular en el ámbito de los servicios públicos como sanidad, educación o bienestar social".

La Audiencia confirma que los abogados que causaron la expulsión del juez Garzón encubrieron a Francisco Correa

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, rechaza archivar la causa contra los letrados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal al existir sólidos indicios de que ayudaron al líder de la Gürtel, Francisco Correa, a ocultar y blanquear su patrimonio y en su intento de escapar a Panamá para evitar la acción de la justicia. El Supremo expulsó de la carrera judicial a Baltasar Garzón por ordenar las escuchas de ambos letrados con Correa en la cárcel.

El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha rechazado la pretensión de los primeros abogados de Francisco Correa en el caso Gürtel, Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, quienes pretendían el archivo de su imputación y su exculpación en la causa.

En su auto, el juez sostiene que existen sólidos indicios en la causa que revelan que la actuación desplegada por ambos letrados "no se limitó a simples funciones de asesoramiento y defensa", sino que se encaminó "a ayudar a ocultar o encubrir el origen ilícito y el titular de los fondos de Francisco Correa, así como a colaborar en la elusión de las consecuencias legales de la adquisición o transmisión de bienes con origen en una actividad delictiva".

Delgado Solís y López Rubal no se comportaron como abogados, sino que "evaluaron el empleo de tácticas de deslocalización personal o de testaferrato societario" para conseguir "el objetivo de excluir u ocultar la responsabilidad" de Francisco Correa.

En este sentido, el juez detalla las numerosas pruebas existentes en el sumario contra ambos letrados, en forma de pinchazos telefónicos, documentación y declaraciones de testigos que revelan "el amplio conocimiento" que tenían estos abogados "de la estructura societaria" opaca de Correa y de sus "actividades ilícitas de carácter fiscal y contra la administración pública". También los viajes a Panamá de Manuel Delgado Solís en fechas previas al intento de Correa de escapar a ese país, lo que precipitó el estallido de la operación por el entonces instructor de la causa, Baltasar Garzón. Garzón fue expulsado por investigar a los letrados bajo sospecha.

Es la tercera vez que la justicia rechaza archivar la imputación contra Delgado Solís y López Rubal. Anteriormente desestimaron su petición el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El juez Garzón, que ya tenía los indicios de la actuación ilícita de estos letrados por los pinchazos telefónicos practicados entre verano de 2008 y febrero de 2009, ordenó con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción que fueran intervenidas las conversaciones entre ambos y su cliente, Francisco Correa, en la prisión de Soto del Real, donde fue ingresado el líder de la trama después de su detención. En una polémica sentencia, el Tribunal Supremo expulsó al juez Garzón de la carrera judicial por ampliar las escuchas a otros letrados del procedimiento.

La plantilla paralela de ‘TeleCospedal’ deja una deuda de medio millón de euros

La televisión pública castellano-manchega deberá pagar casi medio millón de euros a la Seguridad Social debido a la contratación de ‘falsos autónomos’ durante la dirección de Nacho Villa
Continúan apareciendo agujeros en las cuentas de Radio Televisión Castilla-La Mancha. Concretamente, la actual directora del Ente público, Carmen Amores, ha destapado que RTVCM debe pagar 426.000 euros por culpa de los contratos mercantiles que se realizaron durante el mandato de Nacho Villa.
En este sentido, Amores ha detallado que debido a la contratación de decenas de empleados bajo la fórmula de ‘falsos autónomos’, la televisión castellano-manchega ha recibido un total de nueve demandas laborales de antiguos trabajadores de la cadena, a los que tendrá que indemnizar con unos 96.000 euros del erario público. Además, el medio tendrá que pagar otros 330.000 euros que corresponden a las cuotas de la Seguridad Social que no fueron pagadas.
"Ahora nos va a costar casi medio millones de euros pagar a la Seguridad Social, porque están mal hechos los contratos", ha lamentado Amores, quien ha añadido que la Inspección de Trabajo de Toledo ha solicitado información sobre esta situación.
Sobre este asunto, la directora de RTVCM ha desvelado que durante la legislatura de Cospedal estuvieron operativos 104 contratados mercantiles, de los cuales solo quedaban 30 cuando ella llegó al cargo. Asimismo, Amores ha informado que en la actualidad permanecen vigentes tres de estos contratos porque todavía no han completado su fecha de finalización.
Una gestión plagada de irregularidades
Por otro lado, Carmen Amores volvió a hacer referencia a la reciente auditoría que se encargó para investigar los años de despilfarro que caracterizaron la etapa de Nacho Villa en RTVCM. Amores recordó que el director de ‘TeleCospedal’ gastó 185.000 euros con sus tarjetas opacas, que dedicó a comilonas en restaurantes de lujo, estancias en hoteles de Madrid, o relojes caros. Según Amores, el informe de la investigación concluyó que hubo “irregularidades continuadas” que podrían derivar en “responsabilidades legales”.
Para finalizar, la directora ha señalado que también hubo "bastantes irregularidades" en la contratación de trabajadores, muchos de los cuales tenían sueldos "excesivamente cuantiosos", máxime teniendo en cuenta la reducción salarial que se aprobó en el convenio colectivo de 2012.