El PP y las constructoras se repartieron los 1.000 millones de sobrecostes de los colegios públicos valencianos

La empresa de la Generalitat Valenciana adjudicaba obras de colegios a constructores amigos con ofertas en baja temeraria y después los sobrecostes se disparaban hasta el 40%. Como consecuencia de esto un gran número de colegios de la Comunidad Valencia están sin construir, dándose las clases en barracones

Los más de  1.000 millones de euros detectados en sobrecostes en construcciones de colegios en la Comuniat Valenciana a través de la empresa publica Ciegsa se repartían entre el PP valenciano y las empresas constructoras, según las investigaciones realizadas por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil. Según avanza la  Cadena Ser las adjudicaciones se hacían a las empresas que presentaban las ofertas más baratas, que incluso llegaban a ser temerarias, y que con los sobrecostes posteriores, que rondaban entre el 20 y el 40%, se sacaban los beneficios de las empresas y también una parte para contribuir a la financiación ilegal del PP.

Las mismas fuentes de la investigación señala a empresas imputadas como Construcciones Luján o Cleop, empresarios amigos del gobierno autonómico, que recibían las adjudicaciones sin control administrativo y fuera de la ley. Así, tras recibir la adjudicación a la baja, se producía durante la construcción de los centros el sobrecoste del presupuesto sin que ello significara ninguna mejora en la obra, sino que iban a repercutir en un mayor beneficio para la empresa, así como un pago para el PP valenciano.

El nombre de Máximo Caturla, imputado dentro de la 'Operación Taula', ha vuelto a resugir como consejero delegado de Ciegsa precisamente en el periodo de mayor "expolio" de los fondos para construir los colegios, entre 2004 y 2007. Caturla de este modo habría recaudado el dinero que entregaban las constructoras para dárselo a Gerardo Camps, a quien los investigadores señalan como el que habría gestionado la caja B, todo vigilado por Francisco Camps, quien a su vez sería el enlace con Génova.

Ciegsa habría operado durante todo este periodo al margen del control de la Conselleria de Educación, afirmando la investigación que "decidía el adjudicatario" y "abusaba del procedimiento negociado sin publicidad" en las contrataciones. Esta "ausencia de control" habría permitido pagar unos precios fuera de mercado, así el interventor explica que "el precio por metro cuadrado de dos institutos construidos en la misma época, en la misma localidad y con superficies construidas semejantes, era de 670,45 euros si era ejecutado por la Conselleria, y de 912,31euros si su construcción era encomendada a Ciegsa".