Franco contra Ramón y Cajal. Un libro recuerda la demolición del legado del premio Nobel español por la dictadura

Santiago Ramón y Cajal se lanzó a intentar dar su primer beso a una mujer en 1876, a la edad de 24 años. Acababa de regresar de Cuba, adonde acudió como joven médico militar a combatir la insurrección contra la colonización española. Volvía del Caribe con el rostro pálido y los ojos hundidos, tras meses de malaria y disentería, pero con ganas de besar a su prometida. “Cierto día, pues, tras coloquio lánguido y anodino, llegó el trágico momento. Al despedirme, reuní todo mi valor; me acerqué a mi siempre severa novia y estampé bruscamente en su faz el ósculo proyectado”, relató décadas después en sus memorias, Recuerdos de una vida (1917).

Impartiendo clase de disección

La chica retiró rápidamente la cara. Le hizo una cobra a Ramón y Cajal. Y exclamó, con gesto de asco: “Jamás creí que me ofendiera usted de este modo. Mi educación y mis creencias me impiden tolerar tan pecaminosas audacias”. El joven aceptó racionalmente el rechazo. Era un médico enfermo y sin clientes, un fracasado. “Convengamos en que la perspectiva de viudez prematura en plena pobreza tiene poco de agradable”, reconoció.

El resto de la historia es más conocido: Ramón y Cajal recuperó su salud, se volcó en la investigación del sistema nervioso, describió las neuronas del cerebro, fundó la neurociencia moderna y acabó ganando el premio Nobel de 1906. Un año después, tomó las riendas de la recién creada Junta para Ampliación de Estudios (JAE), una institución que becaba a científicos españoles para que visitaran las mejores universidades europeas y americanas. Y alrededor del sabio creció una escuela de prestigiosos discípulos. Si el criterio de su primera novia fue la falta de perspectivas, se equivocó.

En 1935, un año después de la muerte de Ramón y Cajal, los billetes de 50 pesetas de la Segunda República llevaban impreso su rostro. España vivía la llamada Edad de Plata de las letras y las ciencias. Y el Instituto Cajal, dedicado a las neurociencias, se encontraba en la vanguardia de esta oleada de progreso. Hasta que llegó el general Francisco Franco.

Los ganadores de la Guerra Civil “desmantelaron” el legado de Ramón y Cajal en España, según denuncia el nuevo libro Science Policies and Twentieth-Century Dictatorships (Políticas científicas y dictaduras del siglo XX, de la editorial británica Ashgate).

“El Instituto Cajal era, sin duda, una de las instituciones científicas más prestigiosas de España, aunque parecía estar estrechamente ligado a la cultura liberal y secular representada por la JAE, o incluso al espíritu antiespañol, materialista e izquierdista de la propia República, según los vencedores de la Guerra Civil”, explica en el libro Rafael Huertas, investigador del CSIC y expresidente de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. “Los que estaban al mando del nuevo Estado creyeron necesario llevar a cabo una limpieza política que purgara el Instituto de sus indeseables connotaciones, pero sin renunciar a los beneficios del prestigio internacional que Cajal y su escuela habían cosechado”, continúa Huertas.

La dictadura recién nacida en 1939 gaseó el instituto. El médico Dionisio Nieto huyó a México y se convirtió en el jefe de Investigación Psiquiátrica y del Cerebro del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Miguel Prados Such se exilió en Canadá y consiguió una plaza de profesor de Psiquiatría de la Universidad McGill de Montreal. Gonzalo Rodríguez Lafora, jefe del laboratorio de Fisiología experimental del Sistema Nervioso creado por Cajal, fue condenado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas a ocho años de inhabilitación especial para ejercicio de cargos públicos y al pago de una multa de 50.000 pesetas. Se exilió en México y dirigió allí el Instituto de Enfermedades Mentales, según detalla el libro La destrucción de la ciencia en España: depuración universitaria en el franquismo, editado por la Universidad Complutense de Madrid y coordinado por el historiador Luis Enrique Otero Carvajal.

“Otros discípulos de Cajal permanecieron en la España de Franco y fueron sometidos a procesos de depuración”, relata Huertas. Francisco Tello, que había relevado a Ramón y Cajal al frente del instituto, fue destituido y despojado también de su cátedra de Histología en la Universidad Central de Madrid, la actual Complutense. “En el proceso de depuración fue acusado de ser ateo, de haber mantenido su puesto durante la guerra, de haber firmado el manifiesto de intelectuales contra el Ejército nacional tras el bombardeo de Madrid, de haber ocupado puestos altos como el de decano de la Facultad de Medicina y de no haber cooperado con el triunfo del Glorioso Alzamiento”, narra Huertas, investigador del Instituto de Historia, en Madrid.

El Instituto Cajal se vació de cerebros, en consonancia con el resto de España. El ministro de Educación entre 1939 y 1951, José Ibáñez Martín, había asumido la misión de “recristianizar la sociedad”. De los 580 catedráticos que había en la universidad, 20 fueron asesinados, 150 expulsados y 195 se exiliaron, según refleja el historiador Manuel Castillo, catedrático emérito de Historia de la Ciencia en la Universidad de Sevilla, en su libro Enseñanza, ciencia e ideología en España (1890-1950).

Sobre las ruinas de la JAE de Ramón y Cajal, la dictadura franquista creó en 1939 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para intentar “la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias destruida en el siglo XVIII”, según su ley fundacional. Al frente se situó José María Albareda, un especialista en ciencia del suelo que era miembro del Opus Dei y más tarde fue ordenado sacerdote. Albareda, según recoge Huertas, colocó a científicos de confianza, “católicos leales al régimen”, y sin conocimientos de neurociencia en los mandos del Instituto Cajal. “El centro mantuvo el nombre, porque daba prestigio, pero se vació de contenido”, lamenta el historiador. En 1941, en la silla de director, antaño ocupada por el premio Nobel, se sentó Juan Marcilla, un ingeniero agrónomo experto en vino.

Querella contra Villarejo y las 'cloacas' que incluye a Eduardo Inda en la "organización criminal"

Presentada querella criminal contra el comisario Villarejo, sus jefes Pino (ex DAO) y Gago, y los periodistas Eduardo Inda y Manuel Cerdán, de 'OKDiario', por formar parte, presuntamente, de una trama delictiva que cometió "obstrucción a la Justicia, encubrimiento, revelación de secretos y calumnias contra agentes de la autoridad".

Ha llegado el momento de responder ante la Justicia. La Plataforma por la Honestidad, que representa a los denunciantes de corrupción y abusos de poder, acaba de presentar una querella criminal en la que por primera vez se incluye claramente al tertuliano televisivo Eduardo Inda en la presunta "organización criminal" de Las cloacas de Interior (Ver aquí el documental completo) que encabezaron en la cúpula de la Policía el excomisario José Manuel Villarejo –hoy, en prisión incondicional–, el ex director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, y su jefe de Gabinete, José Ángel Fuentes Gago, entre otros.

La Plataforma X la Honestidad se personó como acusación popular en la pieza separada 2 del caso del pequeño Nicolás abierta para esclarecer la autoría de una grabación ilegal, y su posterior difusión mediática, de una conversación entre agentes de la Unidad de Asuntos Internos y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cometida en octubre de 2014 en sede policial.

El juez Arturo Zamarriego encargó esa investigación a una comisión judicial con cinco funcionarios policiales escogidos por él mismo –incluido el comisario jubilado Marcelino Martín-Blas y el inspector-jefe Rubén López Martínez, que participaron de aquella conversación grabada en secreto– y dispuso que todos ellos "deberán comunicar directa y exclusivamente a este Juzgado de Instrucción el resultado de las actuaciones que practiquen en el marco de estas diligencias sin tener que dar cuenta de ello a sus superiores jerárquicos, cualquiera que fuere la categoría o rango funcionarial de éstos”.

El magistrado pretendía así evitar que la cúpula policial –cuyos principales integrantes de las "cloacas de Interior" que puso al descubierto Público en junio de 2016 están hoy imputados en diversas causas– interfiriese en el procedimiento. Pero Villarejo tomó cartas en el asunto para socavar las investigaciones, y en el informe final de la comisión judicial se da por probado que fue ese comisario el que grabó y difundió aquella conversación entre policías y agentes secretos con el objetivo de invalidar las actuaciones y proteger a su cliente y amigo Adrián de la Joya, ahora implicado en el caso Lezo.

Para ello, según las conclusiones de la comisión judicial, contó con la activa colaboración del medio digital Información Sensible –dirigido por la mujer de Villarejo– y de OKDiario que dirige Inda, además de otros periodistas afines.

Ahora, la Plataforma X la Honestidad es la primera parte personada en el caso Nicolás que acusa de "organización criminal" a todos los integrantes de esa presunta conspiración, incluidos los periodistas, y su presidente, Pedro Arancón, subraya que "esta querella contra esta trama periodística/politica/empresarial llegará hasta donde la ciudadanía decida".

"Desde la Plataforma X la Honestidad hemos hecho un gran esfuerzo para interponer la querella", recuerda Arancón, "pero ahora necesitamos fondos para poder abonar los trabajos de los servicios jurídicos y de las previsibles fianzas que nos serán impuestas para poder seguir con el proceso. El número de cuenta para colaborar es ES30 0128 0140 4901 0007 9063. También se pueden realizar aportaciones a través de PayPal. Toda la información está en la página web.Juntos/as lo conseguiremos".

La querella criminal –presentada por la plataforma como acusación popular ante el Juzgado de Instrucción de Madrid que por turno corresponda– denuncia "los delitos de obstrucción a la justicia, encubrimiento, calumnias e injurias continuadas contra agentes de la autoridad por hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, revelación de secretos, grupo/organización criminal, y por cuantos otros se desprendan de la investigación que se practique", de los que acusa a Villarejo, Pino, Fuentes Gago, Inda, Manuel Cerdán y Miguel Ángel Pérez (ambos periodistas en OKDiario), así como a las sociedades propietarias de Información Sensible y OKDiario, y sus administradores.

En ella, se detallan las numerosas ocasiones en la que dichos medios digitales publicaron informaciones y documentos que sólo estaban en conocimiento de la Dirección Adjunta Operativa y la comisión judicial:

"En el transcurso de la investigación se ha podido constatar, al acreditar una actuación coordinada, que tenían un objetivo claro, acabar con la Instrucción del procedimiento, obstaculizando así el correcto funcionamiento de la investigación".

"A esta actuación coordinada de desprestigio tanto de la investigación como de su investigadores, hay que unirle la inactividad y silencio por parte de la Dirección General de la Policía ante tales denuncias, no realizando los correspondientes desmentidos públicos de las numerosas incorrecciones y acusaciones publicadas y emitidas en televisión a sabiendas de su falsedad (detención ilegal, intervenciones telefónicas ilegales, fabricación de pruebas falsas, etc.), ni actuación alguna contra el Comisario VILLAREJO a pesar de conocer los ataques realizados contra la investigación e investigadores (policías y juez instructor), tanto en persona (denuncias y querellas) identificándose como Comisario en ejercicio, como a través del periódico digital que controla, INFORMACIÓN SENSIBLE".

También expone "la intromisión del D.A.O. en la investigación, así como las dificultades y obstáculos que ha ido materializando en el transcurso de la misma", y hace hincapié en que "siempre la información filtrada salía desde el mismo punto, el entorno de D. José Manuel VILLAREJO PÉREZ".

La Plataforma X la Honestidad enumera prolijamente –a lo largo de los 67 folios de la querella– los casos en que, en uno y otro medio digital, "la intención del periodista es desacreditar la investigación", en vez de informar, con el objetivo de "menospreciar y enfrentar a los dos cuerpos de seguridad" (el CNI y Asuntos Internos de la Policía Nacional).

La querella también pone de manifiesto la enorme cantidad (cientos de llamadas a móviles) de comunicaciones telefónicas entre los comisarios e inspectores de las cloacas de Interior y los periodistas que ejecutaban la campaña mediática, justo en los momentos en que se publicaban los artículos de intoxicación, destapando los detalles de cómo se filtraba selectivamente a ciertos medios el contenido de actuaciones declaradas aún secretas por el magistrado.

El medio Información Sensible de Villarejo "va aún más lejos para desacreditar a los investigadores, imputando un delito de Revelación de Secretos a los funcionarios instructores, sin aportar ningún tipo de datos o información que se hubiere filtrado", continúa la querella.

Tras esa intensa campaña, “en fecha 27/03/2015, el Director General de la Policía, D. Ignacio COSIDÓ, finalmente cesa en su puesto al Jefe de la Unidad de Asuntos Internos, D. Marcelino MARTÍN-BLAS, debido especialmente a la presión del Director Adjunto Operativo y el Comisario VILLAREJO PÉREZ". Y una vez más es el medio digital de Villarejo el que conozca esa noticia, "incluso mucho antes que el propio interesado".

En cuanto a la grabación ilegal y su difusión, la querella también enumera las diversas pruebas materiales y circunstanciales que demuestran que se efectuó con conocimiento del DAO y fue puesta en manos de Inda y de su compañero Esteban Urreiztieta, quienes admitieron ante el juez que se la entregó "un alto funcionario del Ministerio del Interior".

De toda la investigación e la comisión judicial "se acredita una actuación conjunta y coordinada (UNIDAD DE ACCION) del ex comisario VILLAREJO y los periodistas Eduardo INDA y Esteban URREIZTIETA en la distribución física de la grabación ilegal y su difusión", continúa la querella. Asimismo, se reproducen los informes policiales que concluyen que Fuentes Gago participó de toda esa maniobra delictiva mediante su "ocultación y encubrimiento".

Igualmente, se denuncian las "injerencias e intimidaciones al investigador Rubén López" y a otros funcionarios de la comisión judicial; la "protección de la Dirección Adjunta Operativa al comisario Villarejo" –ocultando sus actividades ilícitas por las que hoy está en prisión–; la obstrucción de la DAO a las investigaciones de la comisión judicial; y las acusaciones y denuncias falsas presentadas por el propio Pino contra los investigadores.

En definitiva, las gravísimas imputaciones contra la cúpula de Interior y sus cómplices mediáticos contenidas en la querella están fundamentadas prolijamente y se corresponden con las conclusiones alcanzadas por la comisión judicial investigadora en su informe final.

Lo sorprendente es que no hayan sido el fiscal y la magistrada que están en estos momentos encargados de la causa quienes hayan actuado judicialmente en base a tan nutridos fundamentos incriminatorios.

Carlos Enrique Bayo y Patricia López

Culto al cargo, por Victor Lapuente

En el Pacífico agitan cañas. Aquí varas de alcaldes. Pero es la misma búsqueda de un poder fantasioso

Cuando los habitantes de las islas de Melanesia —o de otros territorios remotos— entraron en contacto con la civilización occidental, desarrollaron una curiosa creencia. Imaginaron que sus ancestros habían gozado de las ropas, armas y artilugios prodigiosos de los blancos. Y los espíritus de los antecesores volverían para devolvérselos a sus legítimos herederos si éstos eran capaces de llevar a cabo sacrificios extremos. Ilusionadas por esta fe, muchas comunidades quemaron sus cosechas, mataron sus reses y se entregaron a ritos variopintos, como desfilar con cañas a modo de los fusiles de los soldados.

El autocastigo ceremonial de un pueblo para retornar a un supuesto paraíso pretérito es conocido como el “culto del cargamento”. Porque estaba inducido por las riquezas que cargaban los barcos occidentales. Los antropólogos explican esta inmolación aparentemente descabellada como una forma que tienen los pueblos de gestionar un repentino sentimiento de inferioridad.

El concepto de culto del cargamento ha sido rescatado por algunos analistas para entender la victoria de Trump y del Brexit. Pero la podemos aplicar también al auge del independentismo catalán. En los tres casos, han surgido predicadores oportunistas que han sabido capitalizar una sensación de decadencia relativa en sus sociedades. Han vendido exitosamente la idea de que su tribu está perdiendo en comparación con otras: la América blanca frente a China y los inmigrantes, la imperial Bretaña frente a Europa, o Cataluña frente a Madrid.

Las tres religiones del cargamento exigen a sus ciudadanos que sacrifiquen su bienestar económico a corto plazo. Los seguidores del culto en EE UU, Reino Unido y Cataluña son conscientes de que levantar muros y romper lazos comerciales con China, México o la UE perjudica su prosperidad a día de hoy. Pero vale la pena. A cambio, los líderes del movimiento les han prometido que su pueblo, objetivamente superior a los demás, recuperará la grandeza que le ha sido injustamente arrebatada.

En el Pacífico agitan cañas. Aquí varas de alcaldes. Pero es la misma búsqueda de un poder fantasioso.

Víctor Lapuente es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford. En la actualidad, enseña e investiga en el Instituto de Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo

La Libertad de Conciencia y de Religión no se ha celebrado ni reivindicado hoy

Hoy, que se ha conmemorado la aprobación por las Naciones Unidas de la Declaración de los Derechos del Niño (1959), y de la Convención de los Derechos del Niño (1989), refrendado por la mayoría de países del mundo, incluida España.

Se han celebrado actividades en muchísimos centros educativos y por muchas autoridades públicas responsables de los sistemas educativos. Se ha hablado mucho de estos derechos en todos los medios de comunicación, y se han visto numerosas imágenes, entre ellas las de niños y niñas en los parlamentos y en los salones de plenos de los ayuntamientos...

 
Pero, que se sepa y a excepción de Europa Laica que lo hace todos los días, nadie ha reivindicado el derecho de los niños y niñas a la libertad de conciencia y de religión. Es más este derecho pasa desapercibido y se oculta en días como hoy, y las autoridades públicas, incluyendo aquí a numerosos directores y directoras de centros educativos, toman medidas y/o consienten un día sí y otro también, actos que van contra estos derechos. Y lo hacen respaldados por la llamada "carta magna".

La libertad de conciencia de los niños y jóvenes no se respeta en la Constitución del 78 (aquí un elemento a cambiar en el necesario proceso de regeneración democrática del país), pues dice en su art. 27.3., que "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", como si los hijos fueran una propiedad de los padres que los pueden modelar a su gusto.

Nuestra Constitución va contra la Convención de los Derechos del Niño, que viene a desarrollar y concretar la Declaración de los Derechos del Niño, que dice en su art. 14.1. que "Los estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión".

Por lo tanto, los políticos y gobernantes deben ser consecuentes, dejarse de celebraciones engañosas, y empezar a tomar medidas para cumplir los tratados que firman, dando cauces para que se respete el derecho de niñas y niños a la libertad de conciencia y de religión.

La corrupción del PP que no tapa el procés. Procesado por encubrimiento y señalado por la UDEF

Por primera vez en la historia ha sido procesado un partido político: el PP irá al banquillo por destrucción de pruebas y daños informáticos en el caso Bárcenas. Esta semana han quedado vistos para sentencia el juicio de la primera etapa de Gürtel y el chivatazo de un guardia civil a Granados en la trama Púnica. En el mes más caliente del conflicto catalán la Fiscalía consideró "abrumadoramente acreditada la caja B" y encontró cinco millones de Ignacio González en Colombia.

Por primera vez en la historia de España un partido político va a sentarse en el banquillo. El PP ha sido procesado esta semana por los delitos de encubrimiento y daños informáticos. Dicho en castellano raso: por destruir pruebas. Por borrar y rayar 35 veces los discos duros de los ordenadores de su tesorero Luis Bárcenas a sabiendas de que la Audiencia Nacional lo estaba investigando en el caso de la caja B. La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid ratifica una anterior de la juez Rosa Freire, titular del juzgado número 32 de Madrid.

En cierto modo, el Partido Popular es ahora víctima de sus propias leyes. A finales de octubre de 2012 en medio de una tormenta de casos de corrupción, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció una nueva propuesta de reforma del Código Penal, que corregía a una anterior exhibida solo unas semanas antes y que abría la puerta a juzgar a partidos y sindicatos.  “No es de recibo que los partidos políticos y los sindicatos estén exceptuados de las responsabilidades penales que tienen las personas jurídicas en España. Naturalmente, serán tratados en el Código Penal exactamente igual que el resto”, dijo entonces el ministro para intentar frenar el tsunami de titulares que azotaba al partido a través de distintos sumarios.

El calendario ha jugado en contra del PP porque el borrado de los discos duros se produjo en 2013 con la reforma del Código Penal ya en vigor. Se sentarán en el banquillo su representante legal, el abogado Alberto Durán,  su actual tesorera , Carmen Navarro, y el exresponsable informático José Manuel Moreno, todos ellos procesados igual que el partido por daños informáticos y encubrimiento. Pese a que Bárcenas ha desistido de la acusación y la fiscalía de Madrid se ha posicionado en contra, esta se ha mantenido viva gracias a acusaciones populares encabezadas por Izquierda Unida, el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) que también lo son en el caso caja B.

El caso de los ordenadores es un episodio suelto en la marejada de escándalos en la que sigue sumido el Partido Popular y que apenas han tenido repercusión en medio del ruido catalán. Esta misma semana ha quedado visto para sentencia el asunto de la primera época del Caso Gürtel (hasta el año 2003, otro sumario investiga la segunda parte y quedan piezas sueltas por territorios) y se ha cerrado también una derivada de la trama Púnica: el chivatazo que un Guardia Civil dio a el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y antiguo secretario general del Partido Popular de que la justicia lo estaba investigando por las adjudicaciones que recibieron él y su socio el constructor David Marjaliza.

Durante el mes más caliente del conflicto catalán en el que el presidente, Mariano Rajoy, sus ministros y los dirigentes del partido recordaban a los líderes independentistas a todas horas que la ley está para cumplirla, la Fiscalía consideró probado en el alegato final de la primera etapa del caso Gürtel la contabilidad en negro del partido. Lo expuso una de las fiscales del caso, Concepción Sabadell, durante sus demoledoras conclusiones: "Con prueba testifical -con la declaración del acusado- con prueba documental y con prueba pericial, ha quedado plena y abrumadoramente acreditada esta caja B". En su alegato final, la representante del ministerio público tuvo tiempo para recriminar al PP que se dedique a negar esa contabilidad paralela "cuando ni siquiera investigó su existencia".

El caso caja B será el siguiente que se juzgue en la Audiencia Nacional, de momento en el juicio de Gürtel I, cuya sentencia se conocerá en los próximos meses, la Fiscalía también da por hecho que el PP nacional se benefició de 133.628 euros procedentes de la trama de Correa y compañía.

La madeja de sumarios en la que se han visto involucrados importantes dirigentes del PP va propiciando nuevas piezas para cuadrar el puzle de lo que Bárcenas llamó "contabilidad extracontable". En el caso Lezo se ha aportado una jugosa conversación  en la que un empresario cuenta a un exdirigente del Canal de Isabel II cómo lograba los contratos de administraciones del PP.  Rafael Palencia, que gestionaba una empresa de aguas, se sincera sin saber que su interlocutor, Ildefonso de Miguel, le está grabando supuestamente para después chantajear al PP: "Yo ayudo al partido en general para que él me ayude en general". Esa ayuda generalizada sumó 165.000 euros en diferentes entregas al PP según apuntan los papeles de Bárcenas. La charla que se destapó en el caso Lezo ha sido incorporada al sumario de la caja B que instruye en la Audiencia Nacional el juez José De la Matta. 

Las evidencias sobre la financiación irregular del PP han llegado también al Diario de Sesiones después de que el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, el máximo responsable de la investigación sobre Los Papeles de Bárcenas, declarase en el Congreso de los Diputados que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cobró sobresueldos en negro de su partido. Incidiariamente sí, respondió el mando policial a la retahíla de nombres que iba soltando la diputada de Unidos Podemos Carolina Bescansa. Entre ellos estaban los exministros Federico Trillo, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, el conjunto de los secretarios generales del Partido Popular. En medio del listado de los perceptores estaba el nombre del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que volverá a salir seguro a medida que avance la instrucción de la causa en la Audiencia Nacional.

Pese a la catarata de líos judiciales, nadie en el Partido Popular ha asumido responsabilidades y preguntado por ello, el presidente Rajoy defendió en la cadena Cope este martes, que se trata de casos "del siglo pasado".

En realidad, no hay que remontarse tanto. Dirigentes como Ignacio González, acusado de media docena de delitos gravísimos durante su etapa en la Comunidad de Madrid y que acaba de sortear la prisión tras pagar una fianza de 400.000 euros, estuvieron mandando en el partido hasta anteayer. La investigación al expresidente madrileño ha dado con la pista de cinco millones de dólares en Colombia que según la Fiscalía son parte de las comisiones presuntamente cobradas por González gracias a las operaciones del Canal de Isabel II, la empresa de aguas de Madrid, en Latinoamérica.

Si González es Lezo, a su enemigo íntimo y compañero de Gobierno, Francisco Granados, le pillaron en Púnica, un sumario que le hizo pasar dos años y medio en prisión provisional. Este jueves, los consejos del que fue secretario general del PP madrileño a su exsocio David Marjaliza, para destruir documentación, una vez que recibieron el chivatazo de la Guardia Civil causaron perplejidad en el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga. Marjaliza confesó haber pagado a Granados "la campaña [de las municipales cuando era alcalde de Valdemoro] de 2009, la de 2003, viajes a Ibiza, barcos por 10.000 euros al día, televisiones, escopetas..." También reveló que había destruido los papeles de todo eso, "tres carros del Carrefour", de acuerdo con las recomendaciones de Granados. "No lo tires, quémalo, y además me pone nervioso porque me dice que lo queme un día que haya niebla para que no nos pille el helicóptero de la Guardia Civil", contó Marjaliza que le había pedido Granados, sentado a metro y medio de él durante el juicio.

La jefa de ambos, Esperanza Aguirre, también está bajo sospecha. Tres sumarios distintos apuntan a la financiación ilegal de cuatro de sus campañas electorales. Y el juez que ha asumido el sumario de Púnica sostiene que el PP de Madrid cuando ella era presidenta usó una contabilidad ad hoc para disimular la caja B. 

Y el siguiente en ser investigado va a ser su rival de siempre, Alberto Ruiz Gallardón, por la compra de una filial del Canal de Isabel II a través de Panamá en una pieza separada de la trama Lezo.

Jaime Malet: "Las empresas ya planean trasladar sus unidades productivas fuera de Cataluña"

"La mayor parte de los planes de inversión se han paralizado", lamenta el presidente de Amcham en una entrevista que se publica este fin de semana. "A las empresas no les interesa estar entre huelgas, corralitos, lucha callejera, legalidades paralelas y un Govern en prisión".

Jaime Malet (Barcelona, 1964), presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (Amcham), ultima la celebración del 100 aniversario de la Cámara la semana que viene con sentimientos encontrados ante el daño que está haciendo el desafío soberanista al tejido empresarial y a la economía de Cataluña. Malet, que el 8 de septiembre ya advirtió de que muchas empresas con sede en Cataluña cuentan con un "botón rojo" para trasladar su sede en menos de 24 horas, ha visto cómo sus temores se han materializado, cuando ya son 2.388 las empresas que han mudado sus sedes. Ahora sus temores se agravan.

"Hay planes de contingencia para trasladar ya las unidades productivas fuera de Cataluña", advierte. "Estamos hablando de un lucro cesante muy importante: durante cuatro años se han perdido inversiones muy relevantes; hoy se ha acelerado el proceso de forma muy importante, la mayor parte de los planes de inversión se han paralizado, se han venido abajo planes que conozco". A esto se suma que "habrá un daño emergente", por lo que "algunas empresas están viendo que hay mucho lío, y tener un centro de cualquier tipo en un lugar donde hay lío no conviene, es mejor pasarlo a otro sitio en que no lo haya", apunta, aunque dice que quiere "ser optimista y pensar que a partir de ahora las cosas se van a hacer de otra forma".

Entre las empresas que forman parte de la Amcham, y de las cuales muchas tienen o tenían su sede en Cataluña, se encuentran CaixaBank, Sabadell, Coca-Cola, Grifols, FCC, Abertis, Enagás, Nike, Schneider Electric, Clarivate Analytics, Zimmer biomet, Palex Medical, W. L. Gore & Associates, AIR-VAL, Clairfield Corporate Finance, Prologis o Grace. Sólo las 62 principales compañías que han trasladado su sede de Cataluña suponen un impacto directo en el PIB de 11.540 millones de euros, lo que representa un 5,4% de la economía catalana y un 1% de la española, según un estudio del Centro de Predicción Económica (Ceprede).

La Manada de San Fermín, uno a uno quienes y qué son

A finales de este mes de noviembre se está celebrando en Pamplona el juicio por el caso de violación ocurrido el año pasado en San Fermín, la denunciante, una chica madrileña de 18 años (en julio de 2016), y los acusados, cinco jóvenes sevillanos. Los datos personales de la denunciante no se han hecho por motivos legales, mientras que los de los acusados son públicamente conocidos. Para ellos la Fiscalía solicita 22 años y 10 meses de cárcel, 18 años por un delito continuado de agresión sexual; dos años y 10 meses por un delito contra la intimidad, y dos años por robo con intimidación. Además, a 10 años de libertad vigilada y 100.000 euros.

Estos son uno a uno los integrantes de ese grupo, autodenominado como “La Manada”.

José Angel Prenda

Nacido en 1989, conocido como “El Prenda” y como “Joselito el gordo”, con antecedentes penales, el Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva lo condenó en 2011 a dos años de cárcel por un delito de robo con fuerza. También tiene antecedentes por riña tumultuaria, miembro de la peña ultra del Sevilla “Biris”. En prisión preventiva en la cárcel de Pamplona, donde comparte módulo con Jesús Escudero Domínguez y Angel Boza Florido, con quienes también comparte abogado.

Jesús Escudero Domínguez

Jesús Escudero Domínguez

Nacido en 1990, es peluquero en el barrio sevillano de Triana.

Angel Boza Florido

Angel Boza Florido

Nacido en 1991. Tiene antecedentes judiciales, condenas por nueve meses y trabajo para la comunidad por conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, y fichado por delitos de robo con fuerza. También pertenece a la peña ultra “Biris”.

Alfonso Jesús Cabezuelo

Alfonso Jesús Cabezuelo

Nacido en 1988. Militar profesional desde 2008 cuando ingresó en el Ejército del Aire siendo destinado en la base aérea de Torrejón de Ardoz para posteriormente trasladarse a Morón de la Frontera. También con antecedentes, la Audiencia Provincial de Sevilla le condenó en 2015 a dos años de prisión por lesiones, también tiene antecedentes por riña tumultuaria y desorden público. Se defiende con su propio letrado, está encarcelado en la prisión militar de Alcalá Meco (Madrid).

Antonio Manuel Guerrero

Antonio Manuel Guerrero

Nacido en 1989. Guardia Civil, aprobó el examen de ingreso con la nota más baja de su promoción y juró bandera en diciembre de 2014. En estos momentos está suspendido de empleo y sueldo, en caso de condena firme sería expulsado del cuerpo. También está en la prisión militar de Alcalá Meco, en el transcurso de su paso por prisión ha sido padre.

Inda reconoce ante la Justicia que se inventó una condena contra el líder de Podemos en Valdepeñas

El director de 'OkDiario' admite que atribuyó a Luis Benítez de Lugo una condena falsa por delito contra el patrimonio. La querella por calumnias a la que se enfrenta Eduardo Inda, presentada por el propio dirigente del partido morado, sigue adelante por la vía penal.

Sigue adelante la querella presentada contra el director de ‘OkDiario’, Eduardo Inda, por el que fuera candidato de Podemos al Senado por Ciudad Real, hoy miembro del Consejo Ciudadano de la formación morada castellano‑manchega y secretario general del partido en Valdepeñas, Luis Benítez de Lugo. Concretamente, el polémico tertuliano se sirvió de su propio medio de comunicación y de diversas intervenciones televisivas para atribuir a este dirigente de Podemos una falsa condena por delito contra el patrimonio.

Sobre este asunto, el pasado 19 de octubre Inda reconocía ante la juez su "error", atribuyendo el mismo a sus encargados de información y exponiendo, en su defensa, las "subsanaciones" al mismo que había realizado. Explicaciones que ponían en riesgo la posible continuidad del caso en la vía penal y que pasara a la vía civil, pero la juez ve indicios de posible delito, por lo que ha decretado que el proceso siga por la vía penal.

De este modo, determina que se prosiga con la tramitación de las diligencias previas por el procedimiento abreviado, por si los hechos investigados fueran constitutivos de delito de calumnia. Esta decisión de la juez se ha trasladado a ambas partes, las cuales tienen diez días para bien formular el escrito de acusación ‑en cual ya trabajan Benítez de Lugo y su abogado‑, para solicitar la apertura de juicio oral, o el sobreseimiento de la causa si se considerase oportuno no seguir adelante con el proceso penal. Asimismo, también en este plazo podrán solicitarse, de forma excepcional, la práctica de diligencias complementarias que la parte querellante considere necesarias para poder formular la acusación.

En este auto de continuación de diligencias, que desvela PeriódicoCLM en exclusiva, se recuerda que éstas se incoaron tras la denuncia previa planteada por Benítez de Lugo el 24 de marzo de 2017 contra Eduardo Inda. Se abrieron así las diligencias necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, de las personas que participaron en los mismos y del órgano competente para su enjuiciamiento.

Condenan a un cura de Badajoz a 17 años de cárcel por abusar de dos niños

El tribunal también sentencia a cuatro años a los padres de una de las víctimas por consentir las prácticas sexuales del sacerdote José Donoso

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Mérida ha condenado a 17 años de prisión al cura de Mengabril (Badajoz) José Donoso Fernández por abusar de dos niños de 12 años. El tribunal considera probado que Donoso se valió de su “superioridad moral” para aprovecharse sexualmente de los dos menores en 2014.

La sentencia sostiene que Donoso, de 68 años, alojó en 2013 en su casa parroquial de Mengabril, de 500 habitantes, a un matrimonio rumano sin recursos. Un año después, el párroco “procedió a mantener relaciones sexuales” con un hijo de esta pareja. “Llegó a pasar la noche y a dormir en la misma cama con el menor”, recoge la resolución, que insiste en el "ánimo libidinoso" del pastor.

Los padres del niño, F. C. y D. P., “conocieron” y “consintieron” los abusos del párroco a su hijo, según el fallo. El juez les condena a cuatro años de prisión y a cinco de libertad vigilada.

Donoso también abusó en 2014 de un segundo niño de 12 años. Se trata de un monaguillo que formó parte del grupo de jóvenes de catequesis. El menor sufría un trastorno de aprendizaje y de déficit de atención, según la sentencia.

“Se lo llevo a uno de los dormitorios de la casa parroquial de Mengabril, se acostó en una cama con él, y le pidió que le realizará una felación, cosa que el menor hizo”, recoge el fallo.

La resolución considera también probado que Donoso vulneró una orden de alejamiento y comunicación que el juez le impuso tras ser arrestado, en enero de 2015. Lo hizo al enviar al niño los siguientes mensajes de WhatsApp: “Si vas a ver esta tarde a don Enrique, te dará 10 euros, ya se lo he dicho yo” y “no has abierto los mensajes que te he mandado de voz. Un gran beso y abrazo”.

“Te quiero mucho. Esta noche hablamos. Perdóname”
El cura también remitió a este menor los siguientes mensajes pese a tenerlo prohibido por el juez: “Te quiero mucho, quiero que seas bueno, que te portes bien, por favor, para que te hagas un hombre y tengas trabajo y casa. Adiós,”; “Yo no sabía poner WhatsApp pero he aprendido a ponerlo por ti, para que veas lo que te quiero”; “Te quiero mucho. Esta noche hablamos. Perdóname”.

La sentencia condena a 24 meses de multa a Donoso por quebrantar esta orden de alejamiento. Y obliga al cura al pago de 60.000 euros a los dos niños como responsabilidad civil.

Las pesquisas sobre los abusos sexuales de Donoso arrancaron en 2014 cuando el periódico "El País" y el Ayuntamiento de Mengabril recibieron una denuncia sobre la actividad delictiva del cura. Los servicios sociales del Consistorio elaboraron entonces un informe que remitieron al Defensor del Menor de la Junta de Extremadura. Y advirtieron a la Guardia Civil de los movimientos de este clérigo que aterrizó en el pueblo en 2011.

El confidente anónimo, que coincidió con Donoso en 1981 en el Seminario Metropolitano de San Atón de Badajoz, dijo al Ayuntamiento de Mengabril. “Les dije que tuvieran cuidado con Donoso porque a mí me puso la mano en la entrepierna. Y, cuando se la retiré, comenzó a maltratarme”.

Antes de aterrizar en Mengabril, José Donoso Fernández (Don Benito, Badajoz, 1948) trabajó como formador del Seminario Menor de San Antón de Badajoz y ejerció como profesor de Geografía, Historia y Arte en los Institutos de Educación Secundaria (IES) Castelar (Badajoz), Santiago Apóstol (Almendralejo) y Albárregas (Mérida).

El cura se hizo célebre en Mengabril por decirle a los jóvenes frases como “tened cuidado, las mujeres son muy putas” o "las mujeres se casan por dinero".

Violación de San Fermín, palabras anónimas de una mujer anónima

Te violan entre cinco (no soy siquiera capaz de imaginarlo) y aún tienes que explicar por qué no gritaste, no pegaste patadas o codazos, no te "resististe". Después de violarte, te dejan tirada en un portal, desnuda, te roban el móvil para que no puedas pedir auxilio y aún tienes que "probar" que ese horror no han sido "relaciones sexuales consentidas" (como si el sexo libre y gozado tuviera algo que ver con el miedo, la humillación, el dolor, la desorientación, las lágrimas, la impotencia, la rabia).

Tu denuncia y tu palabra no valen nada. Menos que nada. Tampoco los vídeos que te muestran intimidada y anulada, apretando los ojos para no ver lo te está sucediendo. Y los medios dando voz a los violadores, a sus abogados, a sus familiares, a sus amigos. Decenas de personas hablando sin parar por encima de tu silencio, y toda una sociedad juzgándote, cuestionándote, volviéndote a violar una y mil veces.

Qué asco más profundo siento estos días. Qué rabia más antigua. Una rabia heredada, una rabia que viene del principio del mundo y que parece que vamos a tener que cargar las mujeres hasta siempre. Basta. Basta de una maldita vez. Dejad de matarnos y violarnos literal y simbólicamente a todas las jodidas horas. Basta de vuestra violencia sin límites, de vuestra impunidad, de vuestra explotación, de nuestra opresión, de vuestro imperio.

Justicia??

Garantías y Derechos, Jueces para la Democracia

Ante los autos dictados en el día de ayer por el Juzgado de Central de Instrucción nº 3, Juezas y Jueces para la Democracia expresa lo siguiente:

Con pleno respeto a la independencia de Juezas y Jueces, las resoluciones judiciales están sujetas al escrutinio y a la crítica pública. Juezas y Jueces para la Democracia defiende los derechos constitucionales de la ciudadanía, libre para expresar sus opiniones y consideraciones sobre las decisiones, actos y acuerdos de un poder constitucional como el Poder Judicial.

Recordamos que nuestro sistema procesal está adaptado a los estándares internacionales y, en concreto, de las exigencias impuestas por la Constitución, las Directivas de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Cualquier decisión de un órgano judicial será objeto de revisión por un tribunal colegiado dentro de los remedios procesales previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este sentido, rechazamos que cualquier encartado en un proceso penal pueda ser calificado como “preso político”.

Desde Juezas y Jueces para la Democracia no solemos pronunciarnos sobre asuntos judiciales en trámite. No obstante, el presente caso es excepcional y nos preocupa una interpretación extensiva del Derecho Penal y limitativa de la libertad personal. Recordamos que la prisión provisional, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, tiene carácter excepcional y la regla general debe ser la de que las personas investigadas estén en libertad salvo que se justifique un fin constitucionalmente legítimo, como el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y destrucción objetiva de pruebas durante la fase de instrucción. Tales situaciones deben estar acreditadas y suficientemente explicitadas e individualizadas en la resolución judicial que acuerde una medida tan gravosa como la prisión provisional. Recordamos que existen medidas menos gravosas para vincular al investigado al proceso penal que van desde la prestación de fianza, retirada de documentos de viaje, vigilancia policial, o comparecencias periódicas.

El derecho a la defensa debe quedar incólume y respetado en toda circunstancia, por lo que resulta difícil de explicar la diferencia de trato de la misma querella en dos tribunales distintos, donde en uno se ha considerado que había vulneración del derecho a la defensa y se ha otorgado a los querellados una semana para preparar la declaración, mientras que en el otro tribunal se les cita en un festivo y 24 horas antes de declarar.

Finalmente, consideramos que la mera aplicación de las leyes no va a solucionar el conflicto actual,  por lo que instamos a los partidos políticos a que sigan buscando medios para solucionar el problema existente en Catalunya.

Bomberos y pirómanos, por Josep Oliver Alonso

Estupefacción: siendo consciente que la gran mayoría de las promesas de la Generalitat no eran alcanzables, he de confesar que la realidad me ha superado una vez más. Saben mi posición sobre los acontecimientos de Catalunya, y hasta qué punto la agresividad del Partido Popular respecto del Estatut, su jibarización en las Cortes, la sentencia del Tribunal Constitucional y la ausencia de propuestas de Mariano Rajoy, tienen una enorme responsabilidad en lo acaecido. Siendo ello cierto, no lo es menos que la gestión del Gobierno catalán ha sido decepcionante.

El relato independentista se ha basado en cuatro ideas-fuerza. Primero, dado el drenaje fiscal que España hace de los recursos de Catalunya, con la independencia mejoraría nuestro nivel de vida de inmediato: una transición económica sin costes abriría una etapa de prosperidad que situaría a Catalunya como la Dinamarca del sur. Segundo, la nueva república continuaría en la Unión Europea y, por tanto, su sistema financiero protegido por el paraguas del BCE y el sector público por el del MEDE. Tercero, sería reconocida por los principales estados del mundo y, en particular, por los de la UE. Finalmente, las estructuras de Estado estarían a punto el día de la proclamación republicana. ¿Qué ha quedado de esta argumentación?
La huida de empresas y bancos

En el ámbito económico, en primer lugar, lo sucedido y la ausencia de respuesta del Govern manifiesta una insólita ingenuidad o simple engaño: parece increíble no prever la huida de empresas y bancos, la pérdida de confianza o el frenazo de la inversión. Segundo, en relaciones exteriores, era falso postular que íbamos a mantenernos en la Unión Europea y el euro: para el que quisiera ver, las advertencias acerca de esa imposibilidad eran claras. Como evidentes las desastrosas consecuencias de una ruptura unilateral que nos hubiera separado de la protección europea.

Tercero, engaño en el relato que la comunidad internacional iba a aceptar impávida el hundimiento de España y el nacimiento de la nueva república. ¿Alguien se lo creyó? ¿Se podía razonablemente esperar que los EEUU, aliados de España desde los acuerdos con el general Franco de los años 50, iban a poner en riesgo sus bases? Finalmente, ahora es evidente que postular que las estructuras de Estado estarían preparadas el día D era simple mentira.

¿Cuál es el común denominador de esta argumentación? Siendo generosos, y aceptando lo que afirmaba el martes el 'exconseller' Santi Vila, refleja una monumental ingenuidad. Con menos benevolencia, expresa un cínico engaño al que han contribuido poderosamente las opiniones de profesionales de prestigio, apoyando esas falsas verdades. Ahora, cuando se ha comenzado a reconocer que la independencia no era posible, habría que preguntarles qué es lo que ha cambiado. En todo caso, aparecen como los bomberos pirómanos del proceso.
Ingenuidad y cinismo electoral

A la luz de lo sucedido, caben dos interpretaciones. Por un lado, la de la ingenuidad, que no dudo que haya existido. De ser cierto, dice muy poco a favor de la dirigencia independentista: si hay algo peor que la incompetencia de los gobernantes es que se crean su propia propaganda. Por el otro, la del cinismo electoral: uno tiene la profunda sospecha que, más que de la independencia, de lo que realmente se ha estado discutiendo desde el 2012 era sobre resultados electorales. Es decir, una vez el polvo de la imposible república se asentara, qué partido emergería como el eje central del país.

Pero en suma, y sea cual sea la valoración de las motivaciones en presencia, el resultado final de esa creída o impostada ensoñación postulaba una independencia sin costes. Un discurso asumido por muchos, asustados por el incierto futuro que generan la globalización y el cambio técnico. Pero que fuera aceptado por millones, no le confiere mayor verosimilitud.

Tras la batalla, el paisaje es desolador. Para mí, lo definen la tristeza, la inquietud y la desesperanza. Tristeza, porque veo mi Catalunya, aquella sociedad meritocrática, abierta y mestiza del pujolismo, separada por una creciente fosa, que ofrece una cara de mi país que nunca creí que vería. Inquietud, por nuestro futuro económico, a corto y a medio plazo, porque las elecciones dejarán Catalunya como está y, dada la posición de Madrid, los próximos años no serán muy distintos. Desesperanza, porque la situación en la que nos encontramos sugiere dificultades crecientes para regresar a una nueva normalidad que permita recuperar una reputación muy dañada. Tristeza, inquietud, desesperanza. Buenas noches. Y buena suerte. A todos.

'El circo de Puigdemont llega a Bruselas'

La prensa internacional califica de circo la parafernalia en la que se ha instalado Puigdemont mientras que algunos medios se preguntan por qué el president ha paralizado todo el procés tan bruscamente después de todo el lío que montó.

Leyendo la prensa internacional está claro que muchos siguen sin entender cómo se mueve el ahora cesado president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Pero quizás quien mas ha acertado en su análisis es el portal Político.eu, que explica pormenorizadamente la una rueda de prensa en Bruselas, "con persecuciones y convocatorias a susurros, atestada de periodistas que esperaban y esperaban... en un circo terminó convertida esa comparecencia".

El diario francés Le Monde se pregunta cómo es posible, después de todo el lío y el ruido que montaron, que ahora todo se haya parado de modo tan brusco. No solo eso, sino por qué Puigdemont ha saltado del barco y ahora dice que reconocería los resultados de las elecciones convocadas para el 21 de diciembre mientras continúa hablando de que en España él adolece de garantías democráticas y de seguridad suficiente, aunque de momento no va a pedir asilo político en Bélgica,tampoco va a regresar a España.

El Frankfurter Allgemeine dice que el depuesto primer ministro catalán intenta llevar el conflicto catalán a la escena internacional, mientras deja detrás de sí en Cataluña a sus seguidores profundamente decepcionados con su marcha atrás como los cangrejos, para protegerse de las consecuencias de sus acciones.

La radio y tv oficial de Francia, FranceTVInfo, habla de “el extraño viaje de Puigdemont a Bruselas” contando cómo se fue de noche subrepticiamente en coche hasta Francia, desde donde cogió un avión a Bruselas. Cuanto menos, una salida de España peliculera.

En el New York Times, la historia ha perdido bastantes enteros, y su corresponsal en España firma la crónica de la comparecencia de Puigdemont en Bruselas y dice que sus planes pasan por dirigir el gobierno catalán desde la ciudad que es cuna de las principales instituciones de la Unión Europea y un país, el único que le ha mostrado simpatías a su impulso secesionista en un territorio, el belga, que tiene sus propias tensiones separatistas.

Este rotativo se centra en las declaraciones del primer ministro belga Michel, al que cita diciendo que Puigdemont tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano europeo.

Enlaces
Politico.EU
Le Monde
Frankfurter Allgemeine
The New York Times