Una explicación
sobre qué y a quién se investiga en la iniciativa judicial que ha conmocionado
al PP valenciano
La Operación Taula ha puesto patas arriba al PP valenciano, ya
desnortado tras perder casi todo su enorme poder en las elecciones municipales
y autonómicas de mayo de 2015. Un mes después de la macrorredada policial -el 26 de enero- Rita Barberá está a las puertas de su imputación, el PP de
Valencia ciudad ha sido
disuelto y el de la
autonomía va hacia una refundación light. Algunas claves para no perderse en el caso de
corrupción más sonado de los últimos años en la Comunidad Valenciana.
¿Qué se investiga en la Operación Taula?
Las prácticas supuestamente corruptas de varios cargos del PP e
instituciones y entidades bajo su control. Según el Tribunal Superior de
Justicia valenciano, la investigación se centra en Imelsa (empresa de la
Diputación de Valencia), la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia,
Ciegsa (empresa de la Generalitat encargada de construir colegios públicos bajo
sospecha por sobrecostes millonarios) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar
adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan
contratos desde el año 2003. En el transcurso de las pesquisas, se han
detectado indicios de blanqueo de capitales y financiación ilegal en el PP de
Valencia ciudad. El grueso de las pesquisas parte de la premisa de que se
habrían podido cometer varios delitos contra la administración: prevaricación
administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias,
cohecho, fraude y falsedad.
¿Quienes son los detenidos e imputados de la Operación Taula?
Hay 24 arrestados. Dirigentes del PP (Alfonso Rus,
expresidente de la Diputación, Máximo Caturla y Juan José Medina,
exvicepresidentes, María José Alcón, exconcejal en Valencia, o Carmen
García-Fuster, mujer de confianza de la exalcaldesa Barberá) y 12 empresarios
implicados de una manera -pago de mordidas- u otra -implicados en el blanqueo
de las comisiones ilegales- en el asunto. En total, hay 80 imputados en la
causa, incluyendo los cargos públicos y los empresarios aludidos.
¿Cuando se cometen los presuntos delitos y cómo comienza la investigación?
La Guardia Civil y la Fiscalía investigan posibles delitos cometidos
desde 2003 y hasta la primavera de 2015, cuando, siempre supuestamente, el PP
de Valencia pudo blanquear dinero para financiar su campaña electoral. Izquierda
Unida de la Comunidad Valenciana interpuso ante la Fiscalía en julio de 2014 la
denuncia que dio origen a la investigación. Tras ocho meses de trabajo, el
ministerio público denunció el asunto en un juzgado en marzo de 2015. El inicio
de las pesquisas y la publicación de varias conversaciones escandalosas
forzaron entonces el fin de la carrera política de Rus, un barón del PP
valenciano hasta entonces. La macrorredada del 26 de enero de 2016 reventó
definitivamente al PP valenciano.
¿Por qué nueve de los 10 concejales del PP de Valencia están imputados?
Por un presunto delito de blanqueo de capitales. En el transcurso de la
investigación, se detectó un burdo sistema de blanqueo de dinero procedente de
comisiones ilegales Concejales, asesores y personal administrativo del
grupo popular en el ayuntamiento transferían 1.000 euros por vía bancaria que
luego recuperaban en dinero negro. Algún asesor ha reconocido el ardid. La
mayoría de los implicados lo ha negado. La imputación de 49 de sus
miembros ha
implosionado al partido, ahora dirigido por una gestora. El juez ha decidido
apartar este caso -cuya investigación está muy avanzada- del resto de la causa.
Ha abierto, en jerga judicial, una pieza separada.
¿Por qué todos los concejales de Barberá están imputados y ella no?
Barberá, al igual que otro exedil, Miquel Domínguez, ahora diputado
autonómico, goza de una protección especial: el aforamiento. Esta figura impide
que los juzgados ordinarios investiguen a procesen a cientos de cargos públicos
(miembros del gobierno, diputados nacionales y autonómicos, jueces) sin los
permisos correspondientes, el llamado suplicatorio. El juez ya ha iniciado los
trámites para que el Tribunal Supremo, tras el permiso del senado, indague
sobre la implicación de la exalcaldesa en el supuesto blanqueo de capitales. Si
todos los concejales del último mandato de Barberá han sido imputados y
llamados a declarar, no tiene sentido que con ella no pase lo mismo. La
senadora, mientras, niega cualquier irregularidad.
¿Están los partidos de izquierda salpicados por el asunto?
En principio, no. La Guardia Civil ha tomado declaración, en calidad de
investigados, a varios
cargos de la Diputación del
PSPV-PSOE (entre ellos, el número 3 del partido, José Manuel Orengo), Compromís
(un vicepresidente, Emili Altur) e Izquierda Unida (paradójicamente, la denunciante del
caso, Rosa Pérez Garijo), pero, de momento, ninguno de ellos declarará ante el
juez. La Fiscalía tampoco ha pedido su imputación. La Guardia Civil les ha
inquirido sobre la contratación de personal a través de Imelsa. Todos han
dejado entrever, tras declarar, que pronto serán definitivamente liberados de
cualquier sombra de duda.
Estos son los detenidos e imputados en la
macrorredada de Valencia
La macrorredada contra la corrupción impulsada por la Fiscalía
Anticorrupción, supervisada por el juzgado de instrucción número 18 de Valencia
y ejecutada por la Guardia Civil ha acabado, por el momento, con 24 detenidos:
ocho políticos del PP, un exasesor de este partido, 12 empresarios y tres
técnicos vinculados con la Diputación de Valencia. Estos son los arrestados de
la Operación Taula.
Alfonso Rus. Expresidente de la Diputación de Valencia, expresidente del PP de
Valencia y exalcalde de su ciudad, Xàtiva. Ha sido arrestado en su domicilio.
Es sospechoso de ser el hombre clave del caso Imelsa.
Emilio Llopis: Exjefe de gabinete de Rus y exalcalde de Genovés, un pueblo cercano a
Xàtiva. Fue nombrado asesor del PP en la Diputación de Valencia pese a las
sospechas de su implicación en el caso. Es sospechoso de ser una de las
personas grabadas contando dinero.
Máximo Caturla. Exvicepresidente de la Diputación de Valencia con Rus. Dimitió de
todos sus cargos en mayo de 2015 después de que se le escuchara en conversaciones sobre cobro de comisiones en el Caso Imelsa. Era miembro del
consejo de administración de la empresa de la corporación provincial.
Juan José Medina. Otro exvicepresidente de la Diputación y miembro del núcleo duro de
Rus. Exalcalde de Moncada, es vicesecretario de organización del PP en Valencia
provincia. El partido ha anunciado
la destitución de
todos los detenidos e imputados. Como Llopis, seguía como asesor del PP en la
Diputación de Valencia pese a las sospechas en torno a él.
María José Alcón: Exconcejal y exasesora del PP en el Ayuntamiento de
Valencia, también fue cazada en las conversaciones sobre mordidas en torno al caso Imelsa. Es la esposa de Alfonso Grau, vicealcalde con
Rita Barberá y uno de los acusados en el caso Nóos. Grau saltó a la fama por la "chulería" con la que defendió su inocencia.
Vicente Burgos: Compañero de estudios de los Camps (además de Francisco, Gerardo,
diputado en el congreso) y Esteban González Pons (ahora en el parlamento
europeo) dejó quebrada una fundación de la Generalitat tras
una gestión calificada de megalómana. Luego fue nombrado liquidador de Canal 9.
Exmarido de María José Alcón, ingresó en prisión en julio de 2014 por impagar
deudas.
María del Carmen García-Fuster. Exsecretaria del grupo popular en el
Ayuntamiento de Valencia, asesora del PP en este mandato y una de las
personas de confianza de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia hasta las pasadas
elecciones municipales. Ha sido detenida en su domicilio. Y las oficinas del PP
en el consistorio, registradas. Hermana de José Rafael García-Fuster, exsenador
popular y exconsejero del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la entidad
financiera resultante de la fusión de Bankia, Bancaja y otras cajas de ahorros.
Pedro Aracil, exasesor del PP en el área de cultura en el Ayuntamiento de Valencia.
Ese departamento fue responsabilidad de Alcón, otro de los detenidos.
José Adolfo Vedri. Cabeza visible de Engloba, la agencia de
publicidad mimada por el PP, según Francisco Correa, cerebro de la
trama Gürtel. Habría recibido adjudicaciones a cambio de mordidas y participado
en el blanqueo del dinero distraido. Su empresa fue registrada. Su domicilio,
donde fue detenido, también.
Carlos Turró, presidente de Cleop, una constructora habitual en los contratos de las
administraciones valencianas. Su compañía gestionó la grúa de Valencia durante
buena parte del mandato de Barberá. Su empresa, que estuvo en concurso de
acreedores, está en la lista de grandes morosos
con Hacienda.
Jaime Úbeda, testaferro de Marcos Benavent, el peón de Rus. Varias sociedades
utilizadas supuestamente para blanquear dinero estaban a su nombre.
Mariano Sánchez. Exsuegro de Benavent, fue quién propició la investigación judicial al
filtrar decenas de horas de grabaciones de éste. Tendría relación con un
servicio de atención telefónica contratado, de manera irregular, por la
Diputación de Valencia. Paradójicamente, su despecho por la ruptura de Benavent
y su hija, su denuncia puede provocar su propio procesamiento.
Joan Vergara, exarquitecto en Imelsa, el centro de la trama. Supuesta clave al
hinchar precios o aceptar facturas falsas en planes de inversión de la
Diputación de Valencia.
Salvador Deusa, exjefe de evaluación y planificación de la Diputación de Valencia.
Licenciado en Químicas por la Universidad de Alicante, llegó a la Diputación
procedente de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).
Francisco Javier Luján Morant, presidente de Construcciones Luján, una
empresa especializada en obra civil e industrial, contratista habitual de las
administraciones valencianas y singularmente de la Diputación de Valencia.
Luján, una empresa histórica -construyó la actual planta de Ford en los años
70- facturó cerca de 75 millones en 2014. Buena parte de su negocio se hace en
el exterior.
Salvador Sansano Pitarch, empresario. Con cargos en empresas -Auriba o Valencia Interactiva- que
han trabajado para Imelsa. En ocasiones, redactando pliegos para concursos de
la empresa de la Diputación.
Enrique Aleixandre Chumillas, empresario. Expropietario de Universo Selección, contratista habitual
-selección de personal para eventos y otros- de algunas administraciones controladas
por el PP.
Vicente Francés Mora, empresario. Dueño de Construcciones Francés, contratista habitual de
la Diputación de Valencia.
Carlos Vicent Gil, empresario. Detenido en Castellón. Propietario
de Cyrespa, una compañía que rehabilitado varios edificios públicos.
Elena Bosque, arquitecta. Exdirectora técnica de Imelsa, el centro de la trama, entre
2008 y 2012.
Alejandro Serra Nogues, Exdirector general de Cleop, la constructora y concesionaria cuyo
presidente (ver Carlos Turró) está también detenido.
Javier Marchesí, empresario. Ha ocupado cargos en decenas de
empresas supuestamente vinculadas a la trama.
Jaime Cabot Ivars. Detenido en Alicante. Administrador del fondo -Geneva, a nombre de un
empresario ya fallecido, Ramón Lis- supuestamente utilizado por Rus para
blanquear dinero. Ese fondo controlaba otros donde la investigación cree que
parte de los encausados desviaban sus ingresos. Por ejemplo, Geneva Patrimonial
Inmobiliaria Do Brasil.
Los imputados
También han trascendido algunos de los supuestos implicados (imputados,
investigados tras la reforma de la reforma legal del gobierno) en el caso que
no han sido detenidos.
Alfonso Novo, exconcejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia y, tras la marcha
de Barberá al senado, número 1 del PP en el consistorio.
Marcos Benavent
Exgerente de Imelsa, la empresa de la que nació la supuesta trama, y el
hombre que ha tirado de la manta a cambio de una reducción de condena.
Benavent, tras su excéntrica aparición en la Ciudad de la Justicia de Valencia,
donde avisó de que saldría "mierda a punta pala", lleva meses
colaborando en la investigación. Su imputación es conocida desde hace tiempo.
José Estarlich. Otro de los testaferros de Benavent.
Maria José Pi, administrativa del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia.
